Un informe técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo ni asignar las voces a las personas imputadas en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El análisis examinó las grabaciones difundidas durante la investigación y señaló restricciones que impidieron arribar a una conclusión definitiva sobre su origen. Entre otros factores, los especialistas consignaron que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de que los archivos llegaran a la instancia pericial.
Los expertos de la Gendarmería Nacional informaron que los archivos que, en una primera evaluación, reunían condiciones para ser analizados presentaban rasgos compatibles con una regrabación, un fenómeno conocido como transferencia acústica.
El documento también registró discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas incompatibles con una grabación continua. Según el análisis, esas particularidades podrían corresponder a intervenciones, cortes o procesos de edición realizados con posterioridad al registro original.
El peritaje remarcó, además, que no se pudo descartar una eventual manipulación de las piezas ni la utilización de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces. Por esa razón, los especialistas no pudieron validar la autenticidad de los audios ni establecer una atribución técnica de las voces.
La preservación de la cadena de custodia resulta central para asegurar que un archivo sometido a peritaje sea el mismo que fue obtenido inicialmente y que no haya sufrido modificaciones durante su circulación. En este caso, el informe identificó una ruptura previa a la intervención de los peritos.
Esa limitación metodológica condicionó las conclusiones sobre las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Los peritos de las partes que participaron del proceso coincidieron en que los elementos analizados no permitían establecer una conclusión definitiva sobre su autenticidad.
La investigación se abrió después de la difusión de audios adjudicados a Spagnuolo, en los que se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculado con la compra de medicamentos.
En uno de los fragmentos conocidos públicamente se mencionaba que parte de esos fondos presuntamente estaban destinados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La existencia de esa mención en las grabaciones fue uno de los elementos que impulsó el avance de la causa, sin embargo Karina Milei nunca estuvo imputada.
La defensa de Spagnuolo había sostenido que el material podía haber sido editado o creado mediante inteligencia artificial. A partir de ese planteo, la Justicia dispuso el estudio técnico de los archivos para establecer si era posible comprobar su origen y profundizar las líneas de investigación.
La causa seguirá bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el alcance del informe y las medidas de prueba pendientes. La imposibilidad de autenticar los audios no implica, por sí misma, el cierre de la investigación sobre las presuntas irregularidades denunciadas.
